La prostitución infantil es un delito penado por la ley 136-03; contempla condenas 10 a 20 años de prisión para explotadores
SANTO DOMINGO. El 67% de los dominicanos cree que los responsables de detener la explotación sexual de las niñas, niños y adolescentes son los propios menores y sus familias, y solo el 22% delega esta responsabilidad al Gobierno. Peor aún, solo un 2% cree que el alto deben ponerlo los “clientes” o explotadores sexuales.
Los datos están contenidos en un estudio realizado por CID-Gallup a requerimiento de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), en el año 2006.
Para el estudio se entrevistó a un total de 8,767 personas mayores de 18 años en América Central y República Dominicana. Los dominicanos tienen bien claro que la explotación sexual es un crimen ya que el 91% considera que es un delito pagar a niñas, niños y adolescentes por actividades sexuales, no obstante, solo el 35% denunciaría a los “clientes” explotadores.
La encuesta indica que un 19% dice que hablaría con los padres del menor que ofrezca esos servicios, un 8% denunciaría al menor, un 6% hablaría con la persona que ofrece el servicio y un 21% sostiene que no haría nada.
La Oficial de Proyecto de la OIT, Dabeida Agramonte, sostiene que la procuraduría y los fiscales están realizando una gran labor y que muestra de ello es que hay personas condenas hasta diez años de prisión por haber violado la ley 136-03 o Código de protección de niñas, niños y adolescentes.
“Hay acciones que se están dando, no solamente en las zonas turísticas porque la explotación comercial no es solo un problema exclusivo de las zonas turísticas. Estamos acostumbrados a que en esa zona es que más lo vemos, pero no es exclusivo de ellas”, dijo Agramonte.
Sostuvo que los niños víctimas de la explotación sexual han sido abusados antes de los doce años, o vienen de hogares donde hay violencia intrafamiliar, algunos son huérfanos y otros han estado permanentemente en desprotección y no han recibido una respuesta adecuada desde la comunidad o las instituciones que deben protegerlos.
Los datos están contenidos en un estudio realizado por CID-Gallup a requerimiento de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), en el año 2006.
Para el estudio se entrevistó a un total de 8,767 personas mayores de 18 años en América Central y República Dominicana. Los dominicanos tienen bien claro que la explotación sexual es un crimen ya que el 91% considera que es un delito pagar a niñas, niños y adolescentes por actividades sexuales, no obstante, solo el 35% denunciaría a los “clientes” explotadores.
La encuesta indica que un 19% dice que hablaría con los padres del menor que ofrezca esos servicios, un 8% denunciaría al menor, un 6% hablaría con la persona que ofrece el servicio y un 21% sostiene que no haría nada.
La Oficial de Proyecto de la OIT, Dabeida Agramonte, sostiene que la procuraduría y los fiscales están realizando una gran labor y que muestra de ello es que hay personas condenas hasta diez años de prisión por haber violado la ley 136-03 o Código de protección de niñas, niños y adolescentes.
“Hay acciones que se están dando, no solamente en las zonas turísticas porque la explotación comercial no es solo un problema exclusivo de las zonas turísticas. Estamos acostumbrados a que en esa zona es que más lo vemos, pero no es exclusivo de ellas”, dijo Agramonte.
Sostuvo que los niños víctimas de la explotación sexual han sido abusados antes de los doce años, o vienen de hogares donde hay violencia intrafamiliar, algunos son huérfanos y otros han estado permanentemente en desprotección y no han recibido una respuesta adecuada desde la comunidad o las instituciones que deben protegerlos.
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